La República Dominicana suma anuncios de alto perfil en tecnología, pero el avance institucional sigue rezagado frente al discurso oficial. Google invertirá 500 millones de dólares en un puerto de intercambio digital en Cabeza de Toro, Punta Cana, con capacidad para cuatro cables submarinos y conexión directa con la costa este de Estados Unidos, además de rutas hacia Panamá, Chile y Bermudas. Nvidia firmó con el Gobierno un acuerdo para apoyar la estrategia nacional de inteligencia artificial, con una «fábrica nacional de IA» y la formación de más de mil profesionales.
A ese despliegue se añade un Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los servicios públicos aprobado por decreto. El texto obliga a evaluar el impacto de sistemas de alto riesgo, reconoce el derecho del ciudadano a saber cuándo una decisión administrativa se apoya en IA y prohíbe que una máquina decida por sí sola una condena penal. Pero el propio alcance de la medida expone la fragilidad del andamiaje: es un decreto, no una ley; compromete al Estado solo mientras otro gobierno no lo cambie, y el consejo de ética que crea tiene carácter consultivo.
El contraste deja una alerta institucional difícil de obviar: llegan inversiones, acuerdos y promesas de modernización, pero siguen esperando la ley de ciberseguridad y la ratificación del convenio contra el cibercrimen. La discusión de fondo ya no es solo la llegada de grandes actores tecnológicos, sino quién fija las reglas, quién vigila su cumplimiento y con qué herramientas responderá el Estado cuando el relato de innovación choque con la falta de garantías permanentes para los ciudadanos.
