SANTO DOMINGO. – El proceso penal abierto contra el comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez por presunta difamación e injuria a través de medios digitales vuelve a colocar en el centro de la atención señalamientos que alcanzaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y supuestas actuaciones irregulares relacionadas con contratistas del Estado. El expediente, que podría llevar a su extradición y a una comparecencia obligatoria ante tribunales dominicanos, fue presentado por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo con la documentación depositada ante el Ministerio Público, Rubio difundió en redes sociales mensajes en los que asociaba a Mauad con supuestas influencias dentro del MOPC, además de presuntas irregularidades. La denuncia afirma que esas imputaciones no tenían sustento, fueron divulgadas públicamente con el propósito de afectar la reputación y credibilidad de los denunciantes e incluyeron referencias a la esposa del empresario, junto con fotografías e informaciones de carácter personal y familiar.
La acción fue interpuesta bajo los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Los denunciantes sostienen que las expresiones atribuidas a Rubio fueron más allá de la opinión y pasaron a constituir señalamientos directos sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Con Rubio residiendo actualmente en Florida, Estados Unidos, el expediente suma una dimensión internacional, mientras el caso vuelve a situar en primer plano la necesidad de dilucidar en sede judicial denuncias que rozan áreas sensibles de la gestión pública.