El avance económico de China vuelve a poner sobre la mesa una discusión central de la economía política: hasta qué punto un régimen autoritario puede mantener el crecimiento en el tiempo sin instituciones abiertas ni contrapesos. El planteamiento arranca de un hecho ampliamente aceptado: desde las reformas impulsadas por Deng Xiaoping en 1978, China pasó de ser una sociedad pobre y mayoritariamente agraria a convertirse en la segunda economía más grande del mundo, con peso manufacturero, infraestructura de primer nivel y capacidad para competir tecnológicamente con Estados Unidos, todo ello bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino.
Sin embargo, ese resultado, lejos de cerrar la discusión, refuerza la necesidad de observar con atención la concentración del poder. El texto recuerda la tesis de Daron Acemoglu y James Robinson en Por qué fracasan los países: la prosperidad duradera depende de instituciones políticas y económicas inclusivas, con poder distribuido, derechos de propiedad protegidos, incentivos a la innovación y participación libre en la vida económica y política. Desde esa lógica, los sistemas extractivos pueden crecer con rapidez durante un tiempo, pero acaban chocando con límites por la restricción a la competencia, la innovación y la destrucción creativa.
De ese modo, el caso chino aparece menos como una refutación definitiva y más como una advertencia institucional. Aunque a primera vista desafía la idea de que desarrollo y liberalización política avanzan juntos, el propio contraste entre crecimiento económico y centralización política mantiene abierta la pregunta de fondo sobre la sostenibilidad real de ese modelo a largo plazo.