La decisión de enviar a juicio de fondo al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz quedó de nuevo bajo la lupa después de que su defensa sostuviera que la acusación se ha apoyado más en una narrativa construida durante años que en las pruebas incorporadas al expediente tras casi seis años de investigación y proceso judicial. Sus abogados también criticaron que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional rechazara la solicitud de extinción de la acción penal, pese a que, según afirman, la propia resolución no atribuye a Guerrero Ortiz ni a sus representantes una sola actuación dilatoria durante el juicio preliminar.
En un comunicado, Eduardo Núñez, María del Pilar Zuleta y Manuel Rodríguez también objetaron uno de los ejes centrales de la acusación: el supuesto fraude vinculado a RD$ 21 mil millones. La defensa recordó que durante la fase preliminar se incorporaron certificaciones oficiales que, de acuerdo con su planteamiento, establecen que esos recursos nunca salieron del patrimonio estatal. Agregó que el Banco de Reservas certificó que los RD$21 mil millones fueron recibidos y aplicados al programa de pago a contratistas del Estado, conforme a su Informe Anual 2020.
Los abogados sostienen además que las pruebas debatidas en la audiencia preliminar demostraron que los pagos por expropiaciones se realizaron dentro del marco legal, con respaldo de sentencias judiciales y tasaciones autorizadas. En esa misma línea, afirmaron que la propia jueza ordenó el pago del 20 % restante de varias expropiaciones, lo que, a juicio de la defensa, reconoce la existencia de esas obligaciones y vuelve a colocar el foco sobre la necesidad de mayor rigor institucional y rendición de cuentas en procesos judiciales de alto impacto público.