El PLD volvió a centrar su atención en los procesos de compra del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), ahora por la adquisición de zapatos escolares, al advertir que las decisiones de esa institución podrían afectar a los fabricantes locales. La denuncia se añade a cuestionamientos previos sobre contrataciones, adjudicaciones y manejo de suplidores dentro de una entidad clave para la entrega de utilería a estudiantes del sistema público.
La señal adquiere mayor relevancia porque los zapatos escolares integran los kits que distribuye el Estado, de modo que cualquier irregularidad o controversia en las licitaciones no solo compromete la transparencia administrativa, sino también la entrega oportuna de esos insumos y la relación de las compras públicas con pequeñas empresas y la industria nacional. Así, la oposición pone el foco en el costo institucional y productivo de decisiones que impactan un programa de amplio alcance social.
La discusión surge luego de que, en agosto de 2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas declarara la nulidad de 25 adjudicaciones del Inabie en una licitación para la confección y adquisición de zapatos escolares para los períodos 2025-2026 y 2026-2027, limitada a renglones con observaciones técnicas y administrativas. Meses más tarde, en marzo de 2026, el Inabie abrió compras complementarias de poloshirts, pantalones, mochilas, kits escolares y zapatos, que, según informó la Presidencia, buscaban cubrir faltantes en las cantidades originalmente previstas.