El siniestro del Gulfstream G200 Galaxy, matrícula N318JF, en La Romana vuelve a poner en la mira los controles técnicos alrededor de una operación que terminó con la muerte del piloto Erick Javier Diago y del copiloto Rudy Ghazal, ambos ciudadanos estadounidenses. La aeronave había salido desde Puerto Rico, tomó combustible y luego despegó con rumbo a Texas, pero pocos minutos después reportó un desperfecto técnico. Los registros de rastreo de vuelo, reconocidos como evidencia investigativa formal bajo el Anexo 13, muestran dos giros completos sobre el mar y un aterrizaje abortado antes de la aproximación final, durante la cual el avión se salió de la pista, perdió el tren de aterrizaje en terreno no asfaltado y terminó incendiado.
Con base en un análisis CAST elaborado a partir de los datos confirmados de las primeras horas, el FBO de La Romana queda señalado como un nodo crítico todavía pendiente de examen, debido a que el reabastecimiento se produjo justo antes del despegue y el fallo técnico fue comunicado poco después. El propio enfoque técnico advierte que esa hipótesis debe aclararse con evidencia física y con los registradores de vuelo, lo que refuerza la necesidad de una pesquisa rigurosa antes de cerrar conclusiones.
El texto recuerda además que el Anexo 13 del Convenio de Chicago de 1944, del cual República Dominicana es Estado Contratante, establece que la investigación de accidentes tiene el propósito de prevenir que vuelvan a ocurrir. También dispone que la notificación a los Estados involucrados debe hacerse sin demora y que la investigación debe comenzar de inmediato. En ese marco, el caso no solo deja pendiente una explicación técnica, sino que también pone a prueba la vigilancia institucional sobre si todos los eslabones de control y respuesta están siendo examinados con la profundidad que exige una tragedia de esta magnitud.