La Unión Nacional de Empresarios (UNE) pidió al Congreso Nacional abrir una consulta efectiva con el sector productivo formal antes de sancionar el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica, que derogería la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. La solicitud lanza una advertencia sobre el rumbo de la reforma, al exigir que una iniciativa con impacto en el mercado no avance sin escuchar a los actores directamente afectados.
En un encuentro empresarial en el que participó María Elena Vásquez, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, el presidente de la UNE, Julio García, presentó una propuesta de cinco ejes estructurales para orientar la modificación legal. Aunque el gremio expresó su respaldo a la fiscalización de los mercados, advirtió que las nuevas regulaciones no deben convertirse en un obstáculo para la inversión ni en un castigo para el sector formal que cumple con sus obligaciones impositivas. “Ninguna regulación debe terminar penalizando al empresario que cumple, invierte y genera oportunidades”, afirmó.
La UNE sostuvo que la reforma debe asegurar la libre competencia sin afectar el desarrollo legítimo de las empresas locales y destacó la necesidad de proteger a las mipymes frente a la informalidad agresiva y los abusos de posición dominante. Además, pidió que toda actuación de la autoridad reguladora se sustente en criterios técnicos objetivos, públicos y revisables, junto con la preservación estricta de la confidencialidad de la información estratégica y los secretos comerciales. El reclamo devuelve el debate a la necesidad de controles, previsibilidad y rendición de cuentas antes de aprobar una nueva normativa.