Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó a la Administración de Donald Trump a seguir cobrando el gravamen global del 10 % impuesto en febrero, en una resolución temporal que mantiene la medida mientras continúa el proceso judicial. La decisión se conoce después de que el Tribunal Supremo invalidara gran parte del esquema arancelario previo del mandatario, lo que vuelve a poner bajo la lupa la manera en que la Casa Blanca ha intentado sostener su política comercial.
La nueva vía empleada por el Gobierno descansa en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que habilita a imponer aranceles globales de hasta el 15 % durante 150 días y que requiere aprobación del Congreso para ampliar ese plazo. La vigencia de estas tasas concluye a fines de julio si no son prorrogadas por los legisladores, lo que deja abierta una discusión institucional sobre los límites del poder presidencial en materia arancelaria.
En mayo, un panel del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York resolvió 2-1 a favor de una demanda de pequeñas empresas y sostuvo que los nuevos aranceles eran «inválidos» y «no autorizados por la ley», al considerar que Trump se excedió en la autoridad delegada por el Congreso. Aunque el tribunal de apelaciones permitió por ahora seguir cobrando el 10 %, el caso mantiene vivo el contraste entre la ofensiva arancelaria del presidente y los reparos legales que ya han frenado parte de esa estrategia desde su regreso al poder en enero de 2025.