Colombia se encamina a las elecciones presidenciales de 2026 con una realidad de fondo difícil de discutir: el país dejó atrás los niveles extremos de violencia de comienzos de los años 2000 y recuperó presencia estatal en muchas regiones gracias al impulso del Plan Colombia y a otros esfuerzos institucionales. Aun así, ese avance histórico no ha cerrado la discusión sobre seguridad, que vuelve a ocupar el centro de la política nacional.
Ese balance, que reconoce la reducción de la violencia, también deja abierta una advertencia sobre el presente. En el gobierno de Gustavo Petro, la política de “Paz Total” ha alimentado el debate, en medio de cuestionamientos de quienes afirman que algunos grupos ilegales han aprovechado el proceso para expandir su control territorial y fortalecer economías ilícitas. El contraste entre los logros acumulados en años anteriores y las dudas actuales sobre la capacidad del Estado para contener nuevas amenazas ha reactivado la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas.
El escenario planteado evidencia que el éxito de una estrategia pasada no asegura respuestas eficaces para los desafíos de hoy. Con amenazas distintas a las de finales del siglo XX, la discusión ya no se concentra solo en acuerdos o enfoques, sino en si la gestión vigente está ofreciendo resultados suficientes frente al crimen organizado y al control territorial, dos asuntos que vuelven a pesar en la agenda pública a las puertas de 2026.