Miguel Díaz-Canel anunció un nuevo paquete de medidas económicas para adaptar a Cuba a «las exigencias de los tiempos actuales», aunque la reacción inmediata dejó en evidencia el principal obstáculo de la iniciativa: la falta de credibilidad en plena crisis. La comparecencia, convocada de forma sorpresiva y solo para medios estatales, incluyó cambios orientados a descentralizar y dar más «autonomía» a empresas estatales, provincias y municipios, además de reformas en turismo, comercio exterior, inversión extranjera y sector privado.
El anuncio, lejos de generar consenso, provocó opiniones divididas entre los cubanos y puso de manifiesto el contraste entre el discurso oficial y el desgaste acumulado. «A mí me parece que esas medidas ya las había mencionado en otras ocasiones. ¿No sé por qué me suenan hasta conocidas y que al final no se habían implementado? Que eran cosas que se han dejado, y como que ahora ya es una cosa desesperada», dijo a EFE Maydolis Oliva, una habanera de 39 años. La mujer, que caminaba por el municipio Playa cargada con productos básicos para el hogar como aceite para cocinar y aseo, resumió además el escepticismo sobre el alcance real de las decisiones: «Ya llegó como un top en que lo tienen que hacer; y que no va a solucionar nada a esta altura de la vida».
El Gobierno no relacionó las reformas con la negociación con EE.UU., aunque Washington sí presiona a La Habana para que introduzca cambios económicos y políticos. Díaz-Canel afirmó que «son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual», al tiempo que defendió que «el país no está detenido». Sin embargo, el anuncio llega en un contexto marcado por la grave crisis energética que atraviesa Cuba desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. y por sanciones reforzadas desde mayo contra sectores vitales de la economía, un escenario en el que se han multiplicado los apagones y aumenta la exigencia de resultados concretos más allá de nuevas promesas.