Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Luis Abinader frente al impacto de la guerra entre Irán y las tensiones internacionales sobre los combustibles reavivaron una discusión de fondo: no solo importa cuánto se recauda, sino también de qué manera se hace. Más allá de la respuesta coyuntural, el texto sostiene que el enfoque fiscal debe revisarse para cobrar a quienes evaden y aliviar a la clase media y a los sectores formales que sostienen el sistema.
El planteamiento apunta a una falla estructural. En vez de seguir aumentando o manteniendo cargas sobre quienes ya cumplen, la prioridad debería estar en ampliar la base mediante el combate a la evasión. Desde esa óptica, resulta cuestionable abrir espacio a nuevos esquemas impositivos sin revisar primero dónde están las fugas reales, en un escenario en que han sido señalados de manera recurrente algunos profesionales de la salud, clínicas privadas, comercios, empresarios extranjeros, el sector hotelero y el comercio en general.
Por eso, la discusión va más allá del anuncio oficial y pone el foco en la rendición de cuentas sobre la política fiscal. Si el Gobierno reconoce la presión económica derivada del escenario internacional, también queda expuesto el contraste entre el discurso de estabilidad y un modelo que, según el planteamiento expuesto, continúa recayendo con más fuerza sobre la clase media mientras la evasión sigue como una deuda pendiente del sistema.