El anuncio de nuevas medidas económicas volvió a poner en evidencia la distancia entre el discurso oficial y la vida diaria de la población. En la presentación se habló de consolidación fiscal, evasión, incentivos, ingresos adicionales, sostenibilidad, presión externa y estabilidad macroeconómica, pero el fondo de la discusión sigue siendo otro: cómo se traducirá todo eso en el bolsillo de la gente.
La economía que enfrenta la mayoría no se mide en ruedas de prensa, sino en el colmado, el supermercado, la factura eléctrica, el cilindro de gas, el pasaje, la consulta médica, el préstamo y un salario que se agota antes de terminar la semana. Pese a que el Gobierno asegura que no tocará los productos básicos, que protegerá a los vulnerables y que aliviará a microempresas y clase media, el historial de promesas incumplidas mantiene abierta la exigencia de vigilancia sobre el costo social de cualquier ajuste.
Más allá de la defensa técnica de las medidas, la cuestión crítica sigue siendo quién absorberá finalmente la carga. En un contexto en el que con frecuencia los sectores con mayor poder logran trasladar sus costos hacia abajo, aumenta la presión para que las autoridades rindan cuentas y demuestren que esta vez el peso no volverá a recaer sobre quienes ya están al límite.