Santo Domingo. La reforma fiscal enviada por el Gobierno al Congreso Nacional quedó en entredicho por el procedimiento utilizado, luego de que el presidente del Partido Generación de Servidores (PGS), Carlos Peña, la describiera como “total y absolutamente inconstitucional” y exigiera que sea retirada para someterla previamente al Consejo Económico y Social (CES).
En una declaración ofrecida en el Congreso de la República, Peña afirmó que la propuesta vulnera el artículo 251 de la Constitución y mencionó también el artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, al señalar que cualquier transformación fiscal o económica que incida en la vida de los ciudadanos debe pasar por un proceso de consulta nacional en el CES. “El presidente Luis Abinader y su gobierno han violado la Constitución al no enviar primero esta propuesta al Consejo Económico y Social antes de depositarla en las cámaras legislativas”, expresó.
Como propuesta alternativa, indicó que su organización depositó una iniciativa legislativa para reformar el sistema tributario mediante la eliminación de los impuestos actuales y la creación de un impuesto único de 10 % sobre todas las ventas de bienes y servicios efectuadas en República Dominicana. De acuerdo con su explicación, ese esquema sustituiría más de 100 tributos vigentes y, tomando como base un volumen anual de ventas cercano a los US$300 mil millones, permitiría recaudar alrededor de US$30 mil millones, por encima de los aproximadamente US$22 mil millones que, según dijo, capta actualmente el Estado. A su entender, el modelo evitaría nuevas cargas sobre la clase media, el sector empresarial y los productores nacionales.