La medida de coerción contra diez imputados vinculados a la presunta red desmantelada en la operación XL526 fue aplazada otra vez hasta el miércoles 17 de junio a las 10:30 de la mañana, en una nueva demora que mantiene sin decisión un proceso ya marcado por dos suspensiones previas y una interrupción en audiencia. La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, atribuyó la suspensión a la carga laboral del tribunal y a las limitaciones de una sala que opera en jornadas matutinas y vespertinas.
Durante la jornada, el Ministerio Público concluyó la presentación de su solicitud de coerción, mientras abogados de la defensa insistieron en cuestionar la consistencia de las pruebas. Elvin Domínguez afirmó ante el tribunal que el expediente no contiene víctimas plenamente identificadas y sostuvo: “No he visto el primer estadounidense que diga que es víctima en este proceso. No hay cédulas, pasaportes ni números de seguro social que permitan identificar a esas supuestas víctimas”. También puso en duda evidencias obtenidas en allanamientos realizados en 2024, al alegar que algunos elementos habrían sido incorporados nuevamente a la investigación actual.
A esos señalamientos se sumó José Reinoso, quien indicó que parte de la acusación se apoya en copias de poderes notariales procedentes de Estados Unidos, sin que se hayan presentado documentos originales que establezcan una relación. El nuevo aplazamiento, junto con los cuestionamientos de la defensa, vuelve a colocar el foco sobre la necesidad de que el proceso avance con mayor solidez y sin más dilaciones en un caso de alto interés público.