El caso Onco-14 coloca otra vez bajo la lupa el manejo de recursos públicos destinados a la salud, ahora por las acusaciones de que fondos del Senasa habrían sido sustraídos mediante el Instituto Oncológico del Cibao. En Santiago, el Ministerio Público apresó a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a quienes imputa asociación de malhechores, estafa, soborno y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, esos recursos debían emplearse en pacientes con cáncer del régimen subsidiado y del Estado que acuden a ese centro desde todo el Cibao. El expediente, llamado Onco-14, también se presenta como parte de una secuencia de investigaciones ligadas al fraude en Senasa, un caso que ya había provocado indignación por el presunto desvío de dinero destinado a la población más pobre y vulnerable.
La nueva denuncia refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre las estructuras que administran fondos de salud, sobre todo porque el órgano acusador todavía no ha revelado el monto del dinero defraudado. En una coyuntura marcada por casos sucesivos, la prioridad vuelve a ser esclarecer el alcance del perjuicio y establecer responsabilidades sobre recursos que debieron traducirse en atención para pacientes, no en nuevas tramas de corrupción.