El Gobierno propuso endurecer la vigilancia sobre las leyes de incentivos fiscales para frenar abusos en la entrega de exenciones tributarias, al admitir que los controles vigentes no han funcionado de manera uniforme. La iniciativa fue presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, como parte del paquete fiscal y se centra en los recursos que el Estado deja de recaudar por estos beneficios.
De acuerdo con el funcionario, el proyecto no suprime los incentivos existentes, pero sí procura otorgar un papel más activo al Ministerio de Hacienda y Economía en la evaluación de nuevas solicitudes. Díaz afirmó que ya hay disposiciones que facultan a esa cartera para emitir opiniones sobre los incentivos, aunque reconoció que esas atribuciones no siempre se han aplicado de forma consistente.
La propuesta también dispone que cualquier objeción de Hacienda y Economía deberá contar con la validación del presidente de la República, de modo que la revisión de exenciones queda sujeta a una decisión política en un asunto sensible para los ingresos públicos. El Gobierno sostiene que la intención es garantizar que los incentivos se concedan conforme a la ley, produzcan el impacto económico previsto y eleven la eficiencia del sistema tributario, en medio de una discusión fiscal que vuelve a poner bajo la lupa el costo de las exenciones para el Estado.