La Operación Onco14, desplegada en Santiago como derivación de Operación Cobra, volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos y servicios ligados a SeNaSa. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, en el Instituto Oncológico Regional Cibao (IORC) funcionó un esquema atribuido a Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasires Guzmán y Dilcia Vargas Sánchez, en el que dosis de medicamentos de alto costo se cobraban completas al seguro, aunque luego eran retenidas o entregadas a medias a los pacientes.
La investigación afirma que, después del cambio de administración en el centro, se hallaron almacenes con medicamentos de alto costo valorados en más de RD$3 millones, retenidos de manera deliberada. El documento señala que esos fármacos no se entregaban porque, al ser donados o asignados de forma directa, no generaban el margen de ganancia ni las facturaciones alteradas que luego se remitían a SeNaSa, una situación que agrava el impacto sobre pacientes que dependían de esos tratamientos.
El expediente también atribuye al grupo otras irregularidades, entre ellas la asignación de gastos de representación de cientos de miles de pesos libres de impuestos por funciones que debían ser honoríficas. En el caso de Lora Cruceta, se indica una asignación mensual de RD$600,000 bajo ese concepto. El caso, que las autoridades vinculan a un perjuicio preliminar estimado entre RD$6,000 y RD$15,000 millones dentro de la trama destapada por Operación Cobra, reaviva la presión por rendición de cuentas y por una vigilancia efectiva sobre instituciones que administran recursos esenciales de salud.