Las condenas dictadas en los expedientes Coral y Coral 5G, que incluyen 20 años de cárcel para tres generales y penas de entre tres y 15 años para civiles, policías y militares de menor rango, vuelven a poner la corrupción pública en el centro del escrutinio. A ello se añade el decomiso de 422 bienes muebles e inmuebles tasados en 5,000 millones de pesos y el pago de 400 salarios mínimos, en un fallo que pasa a ser referencia para medir si los demás procesos avanzarán con el mismo rigor.
La decisión también incrementa la presión sobre los expedientes que siguen pendientes y que tienen una magnitud igual o mayor, en medio de una discusión pública atravesada por tácticas dilatorias y triquiñuelas atribuidas a abogados defensores de imputados en distintos casos. En ese marco, la actuación del Ministerio Público, encabezada por Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y su equipo, queda sometida a una prueba mayor: convertir este precedente en resultados sostenidos y evitar que otros procesos terminen en impunidad.
Entre los casos mencionados están el de la EDE, en el que Maxy Montilla, cuñado del expresidente de la república Danilo Medina, aceptó devolver 3 mil millones de pesos al Estado y colaborar con las investigaciones, así como los de Jean Alain Rodríguez, Donald Guerrero y compartes, Intrant, SENASA y el Oncológico de Santiago. La señal que deja Coral y Coral 5G no cierra el debate; lo desplaza hacia la rendición de cuentas pendiente en los demás expedientes.