La noche de este jueves, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26, una medida que el Gobierno presenta como respuesta preventiva frente a la crisis internacional, aunque incorpora una meta explícita de recaudar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales. La norma fue aprobada de urgencia por el Congreso Nacional en horas de la mañana, y el Ejecutivo la defendió por los riesgos económicos asociados a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como por sus efectos sobre el petróleo, el comercio internacional, la inflación y los mercados financieros.
Pese a que en los últimos días las partes involucradas anunciaron un alto el fuego y el inicio de conversaciones para una salida diplomática, las autoridades afirman que continúan presentes factores de incertidumbre que obligan a adoptar medidas para resguardar la estabilidad macroeconómica. El paquete reúne simplificación fiscal, medidas de crecimiento y disposiciones para aumentar los ingresos del Estado, en una decisión que eleva el escrutinio sobre el costo real de la respuesta oficial ante la crisis.
La ley incluye una amnistía fiscal que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 para personas físicas y jurídicas con obligaciones pendientes, además de un nuevo tramo de 27 % del ISR para ingresos superiores a RD$4.8 millones anuales. El Gobierno sostiene que esos recursos permitirán fortalecer la economía, preservar programas sociales y asegurar inversiones estratégicas, pero la promulgación acelerada y el alcance recaudatorio de la norma reavivan la exigencia de vigilar su ejecución y sus efectos sobre los contribuyentes y la actividad económica.