El manejo del gasto en salud mental vuelve a dejar en evidencia la distancia entre lo que el Estado promete y lo que realmente asegura. Aunque la Ley n.º 12-06 reconoce el derecho a una atención digna y de calidad, el diseño presupuestario descrito en el texto impide materializarlo y mantiene a los ciudadanos entre normas que amparan derechos y una estructura pública que no ofrece una salida efectiva.
La contradicción principal, según se señala, es que el área recibe históricamente apenas alrededor del 0,7 % del presupuesto general de salud, pese a los anuncios oficiales de incrementos y a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de destinar un 5 %. El contraste es todavía mayor porque, de acuerdo con los propios planes estratégicos del Estado, cerca del 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental. En la práctica, el problema queda admitido en el discurso oficial, pero sin el financiamiento requerido para enfrentarlo.
El efecto, de acuerdo con la pieza original, es un sistema en el que la atención psicológica y psiquiátrica existe como derecho formal, pero termina convertida en un laberinto burocrático, legal y económico para quien necesita ayuda. Más que una discusión técnica sobre partidas, el texto plantea una alerta institucional: cuando el presupuesto no acompaña la ley, la política pública termina trasladando a los pacientes y sus familias el costo de esa incoherencia.