La persistencia del proselitismo a destiempo ha dejado en evidencia un problema de control institucional: la Junta Central Electoral ha emitido advertencias e intimaciones, pero esas acciones no han logrado detener las violaciones a la ley. El escenario se ha mantenido activo desde que concluyó el pasado ciclo electoral y el presidente Luis Abinader anunció que no impulsaría una modificación constitucional para buscar un tercer mandato.
Aunque la ley 33-18 establece que la precampaña electoral y las actividades proselitistas inician el primer domingo de julio del próximo año, dirigentes oficialistas y opositores han ocupado el espacio público con acciones anticipadas. En ese contexto, la propia JCE ha reconocido con sus actuaciones que las disposiciones vigentes están siendo desbordadas sin que, hasta ahora, las advertencias produzcan resultados efectivos.
Uno de los casos señalados por el órgano electoral fue el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), intimado en agosto del pasado año por actos y declaraciones proselitistas antes del período permitido. La JCE llegó a calificar como un “hecho manifiestamente notorio” que múltiples miembros del partido oficialista realizaron pronunciamientos públicos de carácter proselitista de manera anticipada, difundidos en medios de comunicación y redes sociales, un contraste que refuerza las exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre el respeto a las reglas electorales.