La segunda vuelta presidencial en Colombia, celebrada el 21 de junio y ganada por Abelardo de la Espriella, añadió otro país a la corriente regional de liderazgos que han convertido la seguridad y el orden en su principal estandarte. El abogado y empresario, que tomará posesión el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, venció por un margen cercano a un punto porcentual al senador Iván Cepeda en una de las disputas más apretadas de la historia reciente del país.
A lo largo de la campaña, De la Espriella concentró su mensaje en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados, además de la reducción del tamaño del Estado y la rebaja de impuestos. Entre sus planteamientos están diez cárceles de máxima seguridad administradas por empresas privadas, inspiradas en el modelo salvadoreño, así como el bombardeo de campamentos de grupos ilegales y el regreso de la fumigación aérea contra los cultivos de coca. El propio presidente electo se ha declarado admirador de Nayib Bukele, Javier Milei, Donald Trump y José Antonio Kast, mientras Trump respaldó públicamente su candidatura.
El ejemplo de El Salvador se mantiene como la referencia más visible de esta tendencia. Desde 2022, Nayib Bukele sostiene un régimen de excepción bajo el cual las fuerzas de seguridad han encarcelado a decenas de miles de presuntos pandilleros, muchos de ellos en una megacárcel construida con ese propósito. Aunque el gobierno salvadoreño atribuye a esa política una caída pronunciada de los homicidios, organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones sin debido proceso y una concentración de poder en torno al presidente. En esa tensión entre resultados exhibidos y costos institucionales, varios analistas sitúan la principal advertencia sobre una fórmula que gana terreno en la región, pero que sigue bajo escrutinio por sus efectos sobre la democracia y los controles del poder.
