El Ministerio de Medio Ambiente presentó una evaluación que pone sobre la mesa un contraste incómodo: los ecosistemas marinos y costeros dominicanos generan US$1,792 millones anuales para la economía, pero al mismo tiempo enfrentan un deterioro visible que compromete ese aporte y exige una respuesta pública verificable.
De acuerdo con el estudio, hay pérdida de manglares, daño en arrecifes y erosión en cerca del 70% de las playas, señales que no solo describen una afectación ambiental, sino también un riesgo para actividades económicas asociadas al turismo, la pesca y la protección natural de las costas.
Aunque el informe reconoce el valor económico de estos ecosistemas, la información difundida no detalla en esta pieza cuáles serán las medidas concretas, el cronograma de ejecución, el costo de las intervenciones ni los mecanismos de seguimiento para medir resultados. En un tema de alto impacto ciudadano, esos puntos son clave para evaluar si el diagnóstico oficial se traduce en acción efectiva.
La presentación del estudio coloca además una obligación de rendición de cuentas sobre las autoridades: si el deterioro avanza mientras el país depende económicamente de estos espacios, el Estado debe explicar qué acciones priorizará, cómo fiscalizará su cumplimiento y qué resultados espera obtener en el corto y mediano plazo.
El informe, por su alcance, no solo confirma la presión sobre los ecosistemas marinos y costeros, sino que también abre una discusión sobre la capacidad institucional para protegerlos antes de que la pérdida ambiental se convierta en un problema económico de mayor escala.