La Dirección del Servicio Regional de Salud Ozama salió a corregir este miércoles un reporte sobre supuestos alquileres de almacenes, en medio de un mayor escrutinio sobre el gasto público en el sector salud.
La entidad admitió la existencia de ocho contratos de alquiler, pero aseguró que solo uno corresponde a un almacén. Sostuvo además que los demás inmuebles funcionan como centros y supervisiones, por lo que rechazó que todos deban ser presentados como espacios de almacenamiento.
La aclaración surge luego de una publicación basada en datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría, que colocó el foco sobre los arrendamientos y el uso de recursos estatales. En ese contexto, el caso abre preguntas sobre la justificación de los contratos, el costo para el erario y la forma en que se está administrando la infraestructura sanitaria.
Aunque la institución intenta precisar el destino de los inmuebles, el episodio deja pendiente una revisión más amplia sobre la transparencia de estos acuerdos, el criterio con que fueron adjudicados y el impacto que tienen en la gestión de la red pública de salud.
En un momento en que el Gobierno y el PRM enfrentan observaciones por el manejo del gasto público, este tipo de aclaraciones no solo debe limitarse a corregir reportes: también exige demostrar con documentos, resultados y criterios verificables que el dinero estatal se está usando con eficiencia y sin privilegios administrativos innecesarios.