El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dejó abierta la posibilidad de que el nuevo Código Penal reciba ajustes antes de entrar en vigor, en medio de las observaciones planteadas por distintos sectores sobre el alcance de algunas sanciones, incluida la libertad de expresión.
La admisión llega a 40 días de la entrada en vigor de la pieza y coloca al Congreso ante la necesidad de definir con claridad si habrá modificaciones, cuáles serían y bajo qué procedimiento se harían. Hasta ahora, la información pública disponible no precisa el alcance de esos posibles cambios ni el estado del debate legislativo.
Pacheco dijo que el texto es “amplio” y “complejo”, una formulación que confirma que la discusión sobre el Código Penal sigue abierta pese a que la entrada en vigencia se acerca. En un asunto de esta magnitud, la clave ya no es solo reconocer que hay reparos, sino transparentar cómo se responderá a ellos y si el Congreso está en capacidad de corregir puntos controversiales sin improvisación.
Las observaciones mencionadas por distintos sectores apuntan, entre otros temas, al alcance de las sanciones sobre libertad de expresión. Ese señalamiento refuerza la presión para que cualquier revisión no se limite a un anuncio político, sino que sea explicada con rigor y sometida a una discusión legislativa con rendición de cuentas.
Por el momento, lo que queda sobre la mesa es una apertura a revisar la pieza, pero sin detalles concretos sobre tiempos, contenido ni efectos. A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor, el Congreso deberá demostrar si puede responder con precisión técnica y transparencia a las objeciones planteadas o si dejará que el texto avance con las dudas todavía sin resolver.