El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositó un proyecto para crear dos circunscripciones electorales en La Altagracia, una propuesta que llega al Congreso con el argumento de acercar la representación legislativa a la ciudadanía en una provincia que ha crecido de manera acelerada.
La iniciativa abre, sin embargo, un debate institucional que va más allá del simple rediseño territorial: si la distribución actual quedó rezagada frente al crecimiento demográfico y a las demandas locales, la respuesta debe sustentarse en criterios verificables, reglas iguales para todos y un proceso legislativo transparente.
En un contexto donde el Gobierno y el PRM suelen defender cambios en nombre de la eficiencia o la modernización, cualquier ajuste a la arquitectura electoral debe ser evaluado por su impacto real en la representación, su costo institucional y su capacidad de corregir desequilibrios sin generar ventajas políticas particulares.
El planteamiento legislativo, tal como fue presentado, no ofrece por sí solo la respuesta sobre si dividir La Altagracia mejorará la cercanía entre electores y diputados; esa justificación debe construirse con datos, discusión pública y consenso institucional, no con premisas automáticas.
Por ahora, el proyecto pone sobre la mesa una pregunta de fondo: si el objetivo es fortalecer la confianza en las instituciones, las reglas electorales deben responder al interés general y aplicarse con la misma vara para todos los actores políticos.