El nuevo Código Penal llega con 71 artículos bajo cuestionamiento y con una presión renovada sobre su revisión constitucional, en un contexto en el que su entrada en vigor está prevista para agosto.
La advertencia del jurista Moscoso Segarra coloca el debate en el terreno de los obstáculos legales que rodean la reforma, más que en la narrativa de simple promulgación o avance institucional. El punto central es si el texto aprobado resiste el examen constitucional y si las objeciones señaladas han sido debidamente atendidas antes de su aplicación.
Ese escrutinio resulta clave porque una reforma penal de este alcance no solo exige aprobación legislativa, sino también consistencia jurídica, claridad normativa y garantías de que su implementación no abrirá nuevas controversias. En ese marco, la fecha de entrada en vigor adquiere relevancia pública: no basta con anunciarla, también debe evaluarse si el sistema está preparado para aplicarla sin inseguridad jurídica.
La discusión vuelve a colocar bajo observación el proceso de reforma y la responsabilidad de las autoridades y del Congreso de explicar cómo se responderá a los reparos existentes, qué seguimiento se dará a los artículos cuestionados y qué efectos tendrá el nuevo marco penal sobre la ciudadanía y el sistema de justicia.
Con la entrada en vigor fijada para agosto, el debate ya no gira solo en torno a la promulgación, sino a la solidez constitucional de una pieza legislativa que llega acompañada de dudas significativas.