Un informe sobre la construcción en República Dominicana coloca en evidencia una realidad que exige seguimiento público: la inversión estatal participa en apenas 1.3 % de las obras, mientras el sector se sostiene casi por completo con capital privado.
El dato, difundido en la publicación original de Diario Libre, muestra que el peso del Estado en la actividad constructiva es marginal frente al dinamismo del financiamiento privado. Esa composición no solo describe cómo se mueve el sector, sino que abre interrogantes sobre la capacidad de la política pública para orientar, complementar y fiscalizar una rama decisiva para la economía.
En el reporte también se señala que la mano de obra haitiana supera a la dominicana dentro de la construcción, otro indicador que obliga a mirar con más atención las condiciones laborales, la organización del mercado y la respuesta institucional ante una actividad que depende de trabajadores inmigrantes y dominicanos.
La lectura de fondo es clara: si el Estado participa en una porción tan reducida de las obras, la discusión no puede quedarse en la celebración del crecimiento o en anuncios de nuevas iniciativas. Hace falta transparencia sobre el alcance real de la inversión pública, evaluación de resultados y una rendición de cuentas sobre el impacto de las políticas en un sector donde predomina el capital privado.
El informe no detalla en esta pieza montos por proyecto ni explica cuántas obras están vinculadas a programas oficiales específicos, por lo que el dato disponible queda como una señal de alerta sobre la limitada presencia pública en la construcción dominicana.