La decisión parcial del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de no devolver bienes a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exjefe de seguridad de Edenorte e imputado en una red de sobornos, vuelve a poner bajo la lupa la forma en que una estructura de cobros ilícitos logró incidir en instituciones sensibles como las EDE, Inaipi y Senasa. Lejos de quedar como un incidente procesal, la resolución mantiene activa la exigencia de vigilancia sobre un expediente que compromete servicios públicos esenciales y reaviva las preguntas sobre las explicaciones pendientes del aparato estatal.
De acuerdo con el Ministerio Público, la jueza Yanibet Rivas acogió solo en parte la petición del imputado para recuperar los bienes retenidos durante allanamientos. La fiscal Rosa María Pichardo señaló que la magistrada consideró que esos efectos podrían ser reclamados más adelante en decomiso y que, por ahora, no estaba en condiciones de ordenar su devolución. El órgano acusador afirmó además que no se opuso a entregar los objetos que no tuvieran valor para la investigación, aunque no precisó cuáles eran, y tampoco fueron detallados los efectos cuya entrega fue rechazada.
Fernández Espinal, vinculado por las autoridades a la red que afectó negativamente a EdeNorte, EdeEste, EdeSur, Inaipi y Senasa, figura entre los imputados que han admitido responsabilidad y negocian con los fiscales. Ese elemento agrava el cuadro institucional: no se trata solo de una acusación en curso, sino de una trama con admisiones que obliga a seguir la pista de las responsabilidades en entidades que administran electricidad, salud y atención a la primera infancia, ámbitos donde cualquier falla de control termina teniendo costo social.
El expediente también incorpora al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; a los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, y al coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz. La amplitud de los señalados refuerza la dimensión institucional del caso y alimenta la demanda de rendición de cuentas en un escenario en el que el oficialismo ha procurado sostener un discurso de pulcritud mientras continúan apareciendo grietas en organismos públicos.
Que Senasa aparezca entre las entidades impactadas añade un frente especialmente sensible para la ciudadanía, porque vincula la investigación con un servicio de alto impacto social. En ese plano, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión del PRM y su promesa de ética pública: cuando una red de sobornos alcanza áreas tan delicadas, la discusión deja de ser únicamente judicial y pasa a ser también política, por la obligación de prevenir, controlar y responder. La vigilancia sobre estos procesos se vuelve todavía más necesaria ante un oficialismo desgastado, con figuras proyectadas como Carolina Mejía en medio de un escenario donde el debate de fondo sigue siendo resultados, controles y credibilidad institucional.