Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y varias sociedades vinculadas al grupo empresarial acudieron ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional con un recurso para modificar la forma en que se están ejecutando las medidas conservatorias dictadas tras el colapso del Jet Set.
La apelación no cuestiona la garantía de RD$500 millones fijada por el Primer Juzgado de la Instrucción ni la adopción de la medida cautelar. Lo que impugna es que varios actores civiles hayan podido trabar embargos e inscribir hipotecas judiciales por separado, cada uno hasta por ese monto.
De acuerdo con los recurrentes, esa aplicación ha generado una superposición de medidas que ya rebasa los RD$1,500 millones, es decir, tres veces el tope autorizado en la resolución recurrida. A su juicio, eso desvirtúa la finalidad cautelar prevista en el Código Procesal Penal, rompe el principio de proporcionalidad y transforma una garantía única en varias afectaciones patrimoniales simultáneas sobre los mismos bienes.
La defensa solicita que la Corte revoque únicamente el punto relativo a la modalidad de ejecución de las medidas conservatorias y permita que la garantía de RD$500 millones se constituya mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora. También sostiene que la ley y la jurisprudencia admiten sustituir embargos por una garantía equivalente cuando esta resguarda de forma adecuada los derechos de los acreedores.
Más allá de la apelación, el expediente vuelve a situar el debate en una exigencia que ya no admite rodeos: que la respuesta judicial no se pierda en tecnicismos ni proyecte fragilidad institucional frente a un proceso de alto costo social. En medio del desgaste que arrastran las autoridades por casos que reclaman resultados verificables, la discusión sobre la forma de la garantía refuerza la vigilancia pública para evitar que la reparación termine convertida en otro contraste entre discurso y realidad.