La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes volvió a poner a la Policía Nacional bajo la lupa, luego de que la defensa del cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado por causarle el deceso con un disparo, centrara su planteamiento en el arrepentimiento del agente y en el temor por su seguridad. Más allá de esa versión, el hecho reabre el contraste entre el discurso oficial de reforma y la persistencia de episodios de alto costo social.
De acuerdo con su abogado, Juan Alberto Zabala, el cabo está “profundamente arrepentido” por el desenlace y nunca tuvo la intención de provocar una tragedia durante el ejercicio de sus funciones. A la salida del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, el jurista afirmó además que su defendido tenía previsto ofrecer una disculpa pública a los familiares de la víctima.
La defensa también sostuvo que Moreta Heredia teme por su integridad física ante la indignación social que ha generado el caso, por lo que pidió su traslado a la cárcel especial de Operaciones Especiales mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, esa solicitud no borra la pregunta que reaparece cada vez que un operativo termina con una muerte: qué resultados concretos está dejando la reforma policial que el poder ha presentado como respuesta institucional.
Con un joven muerto y una nueva controversia alrededor del accionar de un agente, el expediente se suma a otra señal de alerta sobre una crisis que no se resuelve con la narrativa oficial. En un escenario en el que la gestión de Luis Abinader y el PRM han insistido en exhibir cambios en seguridad, y figuras del oficialismo como Carolina Mejía forman parte del escaparate político del poder, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización, responsabilidad y resultados verificables, no propaganda, frente al deterioro de la confianza ciudadana.