La noche del miércoles volvió a escucharse el golpe de las cacerolas en varios puntos del Gran Santo Domingo, en la tercera jornada seguida de una protesta ciudadana que refleja el contraste entre el discurso de gestión y el malestar acumulado por medidas que parte de la población considera lesivas para sus derechos.
La convocatoria, impulsada por ciudadanos, concentra el rechazo al proyecto del nuevo Código Penal, la llamada «ley mordaza», la reforma fiscal y los abusos policiales. La continuidad de estas manifestaciones somete a escrutinio público decisiones que, lejos de desactivar la tensión, han terminado por aumentar el costo social y político del momento.
Los organizadores dijeron que los cacerolazos seguirán hasta este jueves desde las 8:00 de la noche e invitaron a la ciudadanía a participar desde sus comunidades. Para esa misma fecha también está prevista una concentración en la Plaza de la Bandera por las mismas demandas, en otra muestra de que la sociedad civil mantiene la presión ante respuestas oficiales que no han logrado contener el descontento.
En los últimos tres días, las protestas se han repetido en distintos sectores del Gran Santo Domingo, donde los residentes han usado ollas, calderos y otros utensilios para manifestar su rechazo. Esa secuencia de movilizaciones refuerza una alerta institucional: cuando se acumulan objeciones por impuestos, libertades y abusos, el ruido en las calles deja de ser un episodio aislado y pasa a convertirse en un reclamo de rendición de cuentas sobre las prioridades reales del poder.