Una denuncia por presunto maltrato infantil en un centro de atención de San Pedro de Macorís puso otra vez en duda la capacidad de vigilancia del sistema de protección, después de que CONANI informara que solicitó al Ministerio de Educación un informe sobre la supervisión de ese establecimiento, mientras el caso permanece en manos del Ministerio Público.
El organismo sostuvo que interviene “en nuestra calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Protección”, pero el hecho de que la actuación llegara tras las denuncias y concluyera con la detención de las personas responsables del centro acentúa la distancia entre el discurso institucional y lo ocurrido dentro del lugar investigado.
De acuerdo con CONANI, su Oficina Regional Higuamo participó en el operativo por requerimiento de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones. Según las autoridades a cargo de la investigación, los niños y niñas fueron entregados a sus padres, madres o tutores.
Pese a que CONANI reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia y con el debido proceso, el expediente deja una alerta institucional difícil de pasar por alto: si fue necesaria una intervención con detenciones para actuar, la prioridad ya no es solo acompañar la investigación, sino aclarar cómo operaba el centro bajo la supervisión de los organismos responsables y evitar que la respuesta oficial se limite a reaccionar cuando el daño ya fue denunciado.