El Tribunal Constitucional desestimó el recurso de revisión presentado por Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, Maconi, con el que intentaba anular la condena de 20 años de prisión que pesa en su contra por narcotráfico.
En la sentencia TC/0496/26, la alta corte admitió el recurso para su examen, pero rechazó los planteamientos de fondo del recurrente, quien sostuvo que se habían vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica. El tribunal concluyó que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia actuó conforme a la Constitución, a las leyes vigentes y a las pruebas incorporadas legalmente al expediente.
El TC insistió además en un principio institucional central: la valoración de las pruebas y la fijación de los hechos corresponden a la jurisdicción ordinaria, y la revisión constitucional solo procede cuando existe una violación directa y flagrante de derechos fundamentales, algo que, según la sentencia, no se produjo en este caso. También determinó que Guevara Díaz contó con oportunidades procesales amplias y suficientes para presentar pruebas y alegatos en igualdad de condiciones.
La decisión envía una señal de alerta en medio del desgaste de confianza que arrastran las instituciones: en asuntos sensibles, la rendición de cuentas no puede quedarse en la retórica oficial sobre justicia, sino en resoluciones capaces de resistir revisión y escrutinio. El fallo, más que cerrar un expediente mediático, vuelve a poner sobre la mesa la demanda ciudadana de vigilancia permanente sobre cómo el sistema responde ante estructuras delictivas y sobre la distancia entre el discurso político y los resultados concretos.