La decisión del Congreso de modificar 18 artículos de la ley 74/25, que sustituye el Código Penal, quedó empujada por la presión ciudadana, las protestas y el calendario adverso, y expone el costo institucional de legislar sin resolver a tiempo objeciones de fondo. A solo 24 días de que la norma entre en vigencia y con 16 días por delante para el cierre de la legislatura, el ajuste llega bajo vigilancia pública y con interrogantes sobre por qué las correcciones no se hicieron antes.
Ricardo de los Santos, presidente del Senado, envió a la comisión bicameral el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, con la promesa de aprobar los cambios antes del 3 de agosto. Sin embargo, ese movimiento deja al descubierto el contraste entre el discurso de orden legislativo y una realidad marcada por rectificaciones de emergencia, luego de que distintos sectores advirtieran problemas en una ley ya aprobada.
La vía que finalmente se impone es la planteada por el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, Antoliano Peralta: dejar que la ley entre en vigencia y después introducir las modificaciones. Frente a esa salida, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y otros sectores han propuesto ampliar la vacatio legis para revisar con mayor cuidado las demandas de cambio, una señal de alerta institucional sobre el manejo de una pieza con impacto directo en derechos y seguridad jurídica.
Las críticas se han concentrado en disposiciones que afectan la libertad de expresión y el ejercicio de la medicina, mientras organizaciones también acudieron al Tribunal Constitucional para buscar la despenalización del aborto en tres causales. Las protestas en la Plaza de la Bandera y los cacerolazos en distintos sectores de la capital y del país terminaron empujando una respuesta política que no surgió de la previsión del poder, sino de la presión social.
Pese a que el Senado afirma que la iniciativa recoge observaciones de juristas, académicos, comunicadores, medios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, el giro de última hora refuerza la exigencia de fiscalización sobre el Congreso y el Ejecutivo: cuando una ley de este alcance necesita correcciones urgentes antes de arrancar, lo que queda en evidencia no es fortaleza institucional, sino desgaste de gestión y una forma de legislar que traslada incertidumbre y costo social a la ciudadanía.