La muerte de Librand Alexander Tavares Montero, un joven de 22 años, después de un incidente ocurrido en un retén policial en la carretera entre El Seibo y Las Cuchillas, provocó la noche del domingo una protesta que llevó a varios sectores del municipio a levantar barricadas, lanzar piedras, romper botellas y encender neumáticos. El episodio reaviva el contraste entre la fiscalización oficial y el desenlace que terminó enfrentando la población: un joven fallecido, tensión en las calles y una comunidad exigiendo respuestas.
De acuerdo con el testimonio de los jóvenes que lo acompañaban, un agente le pidió detenerse para una revisión de rutina y, segundos después, un uniformado lo golpeó con un casco protector. Ese hecho, que habría sido mortal, circuló primero como rumor en la sala de emergencias del hospital Doctor Teófilo Hernández y luego se difundió por teléfonos celulares y redes sociales, hasta encender la indignación en barrios como La Jabilla, Cañada Francisca, Loma de Los Chivos, Ginandiana, El Retiro, Los Hoyitos y Villa Guerrero.
La reacción oficial fue enviar un fuerte contingente policial y lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud. Sin embargo, la escena que dejó la noche en El Seibo no fue la de una institucionalidad que previene y protege, sino la de una crisis que escaló desde una intervención policial hasta un estallido de rabia colectiva, con humo, cenizas y calles bajo tensión.
Aunque las autoridades han iniciado acciones luego de lo ocurrido, el caso deja pendiente la exigencia de rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza y sobre el desgaste de la confianza ciudadana. En una provincia sacudida por la muerte de un joven y por la reacción desesperada de sus barrios, la prioridad ya no es solo contener la protesta, sino explicar por qué una fiscalización terminó con un costo humano y social de esta magnitud.