La preocupación no se limita al presupuesto del Ministerio de Cultura ni al calendario anual de actividades. El punto de fondo es la falta de un gran diálogo nacional sobre la política cultural que la República Dominicana necesita para las próximas décadas. Ese vacío abre un nuevo frente de fiscalización sobre la gestión pública: si ese proceso de concertación existe, sus resultados deberían ser conocidos por el país; si no, se hace más visible la distancia entre el discurso institucional y la construcción real de una política de Estado.
El planteamiento afirma que la cultura no puede quedar definida solo desde los despachos públicos y que el Ministerio de Cultura no debe cargar en solitario con esa tarea. Desde esa perspectiva, se coloca sobre la mesa una exigencia directa de rendición de cuentas al gobierno dominicano: convocar, escuchar y articular consensos con la comunidad artística, las universidades, las academias, el sector empresarial, los gobiernos locales y la sociedad civil, en vez de limitar la gestión a administrar instituciones.
La advertencia también cuestiona el desgaste de un modelo que no consigue convertir la gestión en acuerdos duraderos. Gobernar la cultura, se sostiene, supone transformar ese diálogo en políticas públicas capaces de sobrevivir a los periodos gubernamentales. Además, la discusión ya no puede quedar reducida al territorio insular, en un contexto en que la República Dominicana del siglo XXI rebasa sus fronteras geográficas, lo que incrementa la presión para que las autoridades expliquen qué resultados concretos han obtenido y con qué nivel de participación ciudadana.