El hacinamiento de personas detenidas en la jurisdicción de Santo Domingo Este volvió a situar bajo la lupa el funcionamiento del sistema de justicia, en un escenario marcado por dudas sobre su capacidad de respuesta. El abogado Jeswa Sánchez afirmó que la situación no puede cargarse exclusivamente al Ministerio Público, porque involucra a todo el engranaje institucional que participa en el proceso.
De acuerdo con su explicación, el Ministerio Público presenta a los detenidos ante el juez competente dentro de las 48 horas que fija el Código Procesal Penal, mientras recae en el juez la decisión sobre la legalidad de la detención y las medidas de coerción. Sánchez advirtió que Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública, abogados particulares, Policía Nacional y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales integran un mismo proceso, de modo que el fallo en cualquiera de esos eslabones termina afectando al conjunto.
El jurista señaló además una carencia puntual: la falta de un área de retención provisional en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, a diferencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esa ausencia, indicó, complica los traslados, incrementa la carga operativa de los organismos de custodia y alimenta la congestión denunciada. Añadió que la provincia Santo Domingo presenta una incidencia delictiva superior a la de otras demarcaciones, con altos niveles de violencia de género, robos y homicidios, un panorama que refuerza la alerta sobre gestión, capacidad institucional y explicaciones pendientes frente a una crisis con impacto ciudadano.