La negativa de Banreservas a embargar fondos de la Junta Central Electoral frenó la inmovilización de RD$108,720,000 reclamados por Latin Events, LLC, aunque no puso fin a un caso que vuelve a exhibir la fragilidad institucional alrededor de obligaciones discutidas en los tribunales. De acuerdo con la propia JCE, el banco apoyó su rechazo en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, normas que impiden inmovilizar recursos públicos salvo que exista una sentencia definitiva, requisito que —según sostiene el órgano electoral— no se cumple en este proceso.
El expediente, sin embargo, continúa abierto. La JCE informó que apeló el auto emitido el 29 de junio de 2026, mediante el cual la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió la solicitud de homologación de una sentencia extranjera presentada por Latin Events, LLC. Con esa decisión se buscaba otorgar fuerza ejecutoria en el país a un fallo dictado en Estados Unidos por alegado incumplimiento contractual, lo que mantiene bajo examen un caso con posible impacto sobre recursos públicos.
La Junta afirma que probará ante los tribunales que no asumió la obligación reclamada por la empresa y reiteró que no existe evidencia de aprobación ni autorización de los servicios. Aun así, el hecho de que la controversia haya llegado hasta una disputa por fondos de la institución acentúa el contraste entre el discurso de control y la exigencia de rendición de cuentas sobre este tipo de procesos, en un escenario que vuelve a encender alertas sobre transparencia y estabilidad institucional.