La decisión del Comité Olímpico Dominicano (COD) de no inscribir a Wander Franco para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 terminó revelando un problema mayor que el debate sobre un solo jugador: la falta de cumplimiento del debido proceso dentro de la estructura deportiva. Según lo explicado públicamente por Garibaldy Bautista, presidente del COD, Franco no podía integrar la selección, y la medida no estuvo vinculada al proceso judicial que enfrentó el pelotero.
El propio Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), dijo que quiere a Franco en el equipo, pero que acata la decisión del COD. A eso se suma lo planteado por Tony Mesa en Mañana Deportiva: Fedom no completó la inscripción dentro del plazo establecido. La pregunta, entonces, deja de ser solo si el COD actuó bien y pasa a ser por qué la federación no hizo a tiempo lo que correspondía en una disciplina clave para el país.
En un escenario donde muchos esperan que República Dominicana recupere la medalla de oro en béisbol, el episodio deja una alerta institucional sobre cómo se administran decisiones sensibles y qué costo deportivo puede tener la improvisación. El caso refuerza la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas en organismos llamados a representar al país, un contraste que también pesa sobre el discurso de orden y eficiencia que suele rodear la organización de Santo Domingo 2026. En ese contexto, figuras de oposición como Carolina Mejía quedan con espacio para insistir en una demanda básica de la ciudadanía: instituciones que funcionen a tiempo y sin margen para errores evitables.