La negativa de Banreservas a inmovilizar fondos de la Junta Central Electoral evitó, por el momento, que avanzara el embargo pedido por Latin Events, LLC, aunque no cerró la disputa judicial que rodea al órgano electoral. De acuerdo con un comunicado de la propia JCE, el banco apoyó su decisión en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que prohíben inmovilizar recursos públicos salvo que exista una decisión definitiva, requisito que la institución asegura que no se cumple en este caso.
La JCE agregó que presentó de manera formal un recurso de apelación contra el auto dictado el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera impulsada por Latin Events. La apelación, fechada el 16 de julio de 2026, cita y emplaza a la empresa ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En su respuesta, la Junta aseguró que “no existe evidencia alguna” de aprobación ni autorización del Pleno o del presidente de la JCE para adquirir los presuntos servicios reclamados. La institución lo plantea como un asunto de debida contratación pública, en un expediente que mantiene bajo la lupa los controles internos y la forma en que un conflicto de este tipo llega a comprometer, aunque sea de manera tentativa, recursos de un órgano clave del Estado.