El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional fijó para el 28 de agosto el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, imputados por el colapso del techo del establecimiento, una tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos. La audiencia fue dispuesta mediante auto del magistrado Franny González, quien ordenó notificar a la defensa, al ministerio público y a los querellantes y víctimas; la fijación también figura en la página del Poder Judicial.
El proceso llega a esta etapa después de que la magistrada Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se inhibiera por su relación de amistad afectiva con una de las víctimas del siniestro, un giro que vuelve a colocar el caso bajo escrutinio institucional. Antes, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, había ordenado el envío a juicio de fondo y tipificado los hechos como homicidio culposo o imprudente, al rechazar la petición de un sector de las víctimas que buscaba que el expediente fuera conocido como homicidio voluntario.
Uno de los puntos de mayor impacto en esa decisión fue la exclusión del proceso penal del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y otras instituciones estatales. A eso se suma que el tribunal ratificó medidas alternativas a la prisión preventiva para los hermanos Espaillat, al valorar su conducta procesal, arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias. Con el inicio del juicio ya calendarizado, el caso vuelve a poner en primer plano la demanda de fiscalización y seguimiento de la sociedad civil sobre las responsabilidades que sí serán ventiladas en tribunales y las que quedaron fuera del expediente penal.