La demolición controlada de edificios afectados por los terremotos en Venezuela volvió a abrir dudas sobre la gestión oficial de la emergencia, después de que una explosión en Catia La Mar, La Guaira, desmintiera en la práctica la declaración que dos días antes había hecho el ministro de Transporte y encargado de la recuperación de viviendas, Francisco Garcés. El funcionario había asegurado que “ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar”, pero en la zona se oyó por la tarde un estruendo seguido de una nube de humo.
El operativo se llevó a cabo en el estado más golpeado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, que dejaron más de 5.500 muertos. De acuerdo con las autoridades, 190 edificios se derrumbaron y 856 quedaron dañados. Desde temprano, militares cerraron el paso en varias manzanas antes de la detonación, mientras una bandera roja advertía del riesgo. Residentes reportaron alteración y desconcierto. “En el momento de la explosión nos encontramos terminando una santa eucaristía para darle descanso eterno a unos familiares que partieron de este plano. Y escuchamos la explosión y bueno, la gente se alteró porque fue algo, un estruendo bastante fuerte”, dijo a AFP Jesús Díaz, abogado de 36 años y residente de La Guaira.
Más de un mes después del desastre, el paisaje sigue marcado por escombros, estructuras inclinadas y edificios aún en pie pero sin muros ni ventanas, una imagen que refuerza la presión por explicaciones sobre las decisiones tomadas en la recuperación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció además que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana obstaculizaron la labor de comunicadores, un señalamiento que suma preocupación sobre la vigilancia pública e institucional en una emergencia todavía abierta.