La cercanía entre la explosión de San Cristóbal, hace tres años, y el colapso del Jet Set, todavía reciente, vuelve a poner bajo la lupa la capacidad del Estado para aprender, corregir y prevenir. Más que renovar el duelo, ambos hechos dejan al descubierto la distancia entre la urgencia de cambios institucionales y los resultados que hoy se pueden ver.
Esa diferencia también se refleja en el avance de los procesos judiciales. En San Cristóbal, el juicio continúa sin una sentencia definitiva varios años después; en el caso del Jet Set, aunque el trámite avanzó con mayor velocidad, apenas comienza la fase inicial del juicio de fondo. La tardanza prolonga el dolor de las víctimas y sus familiares y, a la vez, debilita el efecto disuasorio que deberían tener las leyes.
Las dos tragedias exhiben, además, fallas persistentes en la fiscalización del cumplimiento de las normas, con competencias que no siempre están bien delimitadas, inspecciones insuficientes y hallazgos que no se convierten con la rapidez necesaria en medidas correctivas. A ello se suma la distancia entre la legislación y su aplicación: desde 2022 rige una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, pero muchos municipios aún carecen de los instrumentos y las capacidades para hacerla efectiva. El resultado es una alerta institucional que sigue abierta: cuando la gestión no transforma las lecciones en prevención real, el costo termina recayendo sobre la ciudadanía.