El cierre de funciones de un servidor público volvió a colocar sobre la mesa una falla persistente en los mecanismos de rendición de cuentas: cumplir con la declaración jurada de patrimonio continúa dependiendo de trámites dispersos, tiempos desiguales y criterios no unificados entre entidades bancarias. En el relato se recoge el paso de entrega de memorias, oficina y vehículo asignado, además de la obligación de presentar la declaración jurada al abandonar el cargo.
La pieza destaca que la Universidad Autónoma de Santo Domingo aplica exigencias más amplias que la propia Ley núm. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, respaldada en su Estatuto Orgánico y en su Reglamento sobre Control, Transparencia y Rendición de Cuentas. Aun así, esa mayor severidad institucional choca con obstáculos prácticos: mientras algunos bancos entregan certificaciones de inmediato, otros tardan hasta cinco días, una diferencia que termina recayendo sobre quien debe cumplir con un deber legal asociado al manejo de fondos públicos.
Con base en esa experiencia, se propone que el Pleno de la Cámara de Cuentas articule esfuerzos con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos para estandarizar el formato de las certificaciones solicitadas. El planteamiento refuerza una alerta institucional: sin reglas operativas claras, la transparencia queda sujeta a la burocracia y no a un sistema ágil de fiscalización, una brecha que la sociedad civil suele ver como parte del contraste entre el discurso oficial y los resultados concretos en materia de control público.