BRUSELAS. La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) cuestionó este miércoles las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y contra un miembro de la Fiscalía, en una advertencia que coloca el foco sobre los riesgos de interferencia política en un órgano creado para juzgar los crímenes más graves.
El bloque de 125 países que integra el Estatuto de Roma sostuvo que estas medidas, junto con otras acciones adoptadas por Washington contra funcionarios de la corte, pueden debilitar el Estado de derecho y el orden internacional basado en reglas. En su comunicado, la Asamblea —órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la CPI— las describió como intentos de obstaculizar el trabajo del tribunal y de su personal, con posible impacto sobre investigaciones en curso y sobre los esfuerzos para garantizar justicia a las víctimas.
Las sanciones, anunciadas el martes, alcanzan también a Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal, y se inscriben en la campaña de la Administración de Donald Trump contra la CPI por investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán. La escalada, según los Estados Partes, obliga a redoblar la vigilancia sobre el uso del poder frente a instituciones internacionales, en un nuevo contraste entre decisiones de fuerza y los mecanismos de rendición de cuentas que dice defender el sistema basado en reglas. Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma.