Luis Abinader confirmó mediante el Decreto 575-26 a Héctor Valdez Albizu como gobernador del Banco Central y a Clarissa de la Rocha de Torres como vicegobernadora, una decisión con la que el Gobierno dominicano preserva la actual conducción de la política monetaria y asume el costo político de responder por sus resultados.
La ratificación mantiene al mismo binomio directivo al frente de la institución y extiende a 30 años la permanencia de Valdez Albizu como gobernador. El movimiento es presentado como una señal de continuidad, certidumbre y predictibilidad, pero también coloca bajo mayor vigilancia la capacidad del poder para sostener, con hechos, el discurso de disciplina fiscal, autonomía monetaria y estabilidad económica.
El oficialismo respalda la experiencia técnica acumulada en el Banco Central y la trayectoria de una figura con reconocimiento nacional e internacional por su enfoque en inflación y tipo de cambio. Sin embargo, al convertir esa continuidad en una decisión directa de la Presidencia, Abinader ata su gestión a un esquema institucional que ya no puede venderse solo como garantía de confianza, sino como una estructura que debe seguir ofreciendo respuestas verificables ante los desafíos del entorno financiero global y las exigencias de Hacienda y del resto del Gobierno.