La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, dio luz verde este viernes a una reforma legal orientada a acelerar la construcción de viviendas y a reforzar las garantías para compradores y constructoras, en plena crisis abierta por los terremotos de hace casi dos meses. La antigua Ley contra la Estafa Inmobiliaria queda así sustituida por la nueva Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas, en una respuesta institucional que deberá contrastarse ahora con la dimensión de los daños.
Jorge Rodríguez señaló que la normativa reúne 40 artículos sobre contratos, ventas y obligaciones de las partes, además de incorporar mecanismos de fiscalización a cargo del Ministerio de Vivienda y Hábitat. El texto también obliga a las empresas constructoras a crear fideicomisos, ampliar permisos para desarrollar proyectos y detallar en los contratos las características de las viviendas y los plazos de construcción. Asimismo, contempla sanciones económicas por incumplimientos, retrasos en documentos, fallas en permisos, desacato o violación de medidas preventivas, con multas de entre 300 y 54.000 veces la moneda de mayor valor, según la tasa de cambio vigente.
La ley todavía debe ser firmada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su promulgación. La presión sobre esta nueva arquitectura legal nace de una emergencia que, según las cifras citadas, dejó más de 17.900 personas sin hogar y cerca de 6.500 fallecidos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio. El propio Jorge Rodríguez había estimado el 14 de julio que serían necesarias unas 25.000 viviendas, un dato que sitúa el foco no solo en la aprobación de la ley, sino en la capacidad real de convertir el anuncio en resultados verificables para los afectados.