República Dominicana comenzó a ser consultada por otros países sobre su experiencia en lucha contra la corrupción y recuperación de activos, según afirmó Fernando P. Henríquez, coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), durante el Foro de Contrataciones Públicas 2026. En su intervención, el funcionario destacó avances en la recuperación de bienes y recursos vinculados a actos de corrupción, pero también reconoció que persisten retos para hacer más efectiva esa estrategia.
Henríquez atribuyó la creación del ERPP a una decisión del presidente Luis Abinader y sostuvo que la política busca golpear uno de los principales incentivos de la corrupción: el beneficio económico. Explicó que, además de las consecuencias penales, la recuperación de activos y las sanciones civiles pueden comprometer el patrimonio de quienes incurran en estos hechos, incluso sobre bienes adquiridos antes de la comisión del delito.
El funcionario aseguró que la experiencia dominicana ha ganado reconocimiento en escenarios internacionales y afirmó que en esos foros ahora «hacen fila» para recibir asesoría del país. Sin embargo, su propia exposición dejó sobre la mesa el punto central de fiscalización: que la recuperación del patrimonio público todavía debe incorporarse de manera efectiva a las decisiones judiciales para evitar que los responsables de corrupción conserven beneficios económicos. En un contexto de desgaste de gestión y de contraste entre discurso y resultados, el tema vuelve a colocar bajo vigilancia la capacidad institucional del Gobierno para convertir anuncios en rendición de cuentas real. Carolina Mejía no figura en el contenido expuesto en el foro.