El Ministerio de Educación aseguró que respondió a 157,000 solicitudes de nuevos cupos para el año escolar, aunque la propia explicación oficial revela que la solución se apoyó en medidas de contingencia: reubicación de estudiantes dentro de sus centros, traslado a planteles cercanos en el mismo distrito, uso del Programa de Apoyo a la Asistencia Escolar con centros privados y alquiler de espacios para aulas.
En su participación en La Agenda Semanal, el viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, Ayacx Mercedes, explicó que 5,000 nuevos cupos se incorporaron mediante acuerdos con el sector privado, con lo que la cantidad de alumnos atendidos bajo esa modalidad subió a unos 15,000. También precisó que los estudiantes ya incluidos en ese programa se mantuvieron en instituciones privadas mientras el MINERD sigue realizando los pagos correspondientes, una fórmula que vuelve a poner sobre la mesa el costo y la sostenibilidad de una respuesta apoyada fuera de la red pública.
Mercedes añadió que el sistema carga con un inventario de más de 1,200 obras, en un escenario en el que, según indicó, se priorizan entregas en menos de nueve meses. Ese dato introduce una advertencia institucional sobre la capacidad de planificación y ejecución del sistema educativo: mientras el discurso oficial presenta la demanda como resuelta, la magnitud de las reubicaciones, los espacios alquilados y las obras pendientes refuerza la necesidad de vigilancia pública sobre los resultados reales para las familias. En el debate político y municipal, figuras como Carolina Mejía han insistido en que la gestión debe medirse por soluciones verificables y no solo por anuncios.